Entre enero y agosto de 2021, un total de 1.636 embarazos en niñas menores de 15 años (es decir, de 14 , 13, 11 o mucho menos) fueron detectados en los diferentes centros de salud del país. Según el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS-VE), el 34,8% de estas gestaciones infantiles habían pasado el quinto mes, tiempo que -por falta de claridad de las leyes- es usado para retardar o negar una interrupción legal.
“Si hay violación, estupro, incesto y cuando se arriesga la vida o la salud de la mujer, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está reconocida. Nos apena que se sobrepongan otro tipo de decisiones, percepciones individuales y dogmas religiosos sobre una vida que está en riesgo. Obligar a una niña o motivarla a ser madre es una tortura inimaginable”, indicó la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Ana Kudelka.
La semana pasada, se conoció el caso de una niña de Yapacaní en estado de gestación, fruto de las reiteradas violaciones por parte del padre de su padrastro. Aunque se determinó la ILE y se inició el proceso, grupos religiosos se contactaron con la víctima y su familia para frenar el proceso. La pequeña fue llevada a un albergue dependiente de la Iglesia, en una violación de sus derechos.
“El caso de Yapacaní ha puesto en evidencia el estado de desprotección en el que se encuentran las niñas y adolescentes en el país”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Explicó, que por este caso -considerando la ausencia estatal de instancias de protección- se decidió solicitar medidas cautelares ante la CIDH contra el Estado boliviano.
Desde Plan Internacional se sostuvo que la cifras expuestas muestran que las niñas del país enfrentan una realidad alarmante. Se advirtió que, estadísticamente, en embarazos infantiles aumenta la morbilidad materna. Además, trunca los proyectos de vida, el acceso y la conclusión de estudios; genera exclusión y marginación, lo que profundiza las brechas de desigualdad.
Se resaltó la necesidad de cumplir con lo que dicta la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente y la Sentencia Constitucional 0206/2014, para impedir la imposición de la maternidad en las niñas bolivianas.
La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de violencia sexual. Establece que los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y garantizar el acceso a la interrupción del embarazo infantil.
Datos alarmantes
Según datos extraídos del SNIS-VE, hasta agosto pasado, en el país se registraron 1.636 embarazos infantiles. El dato advierte que, en promedio, cada día hay siete niñas en estado de gestación, tres más que en 2020, cuando la cifra para similar período era de cuatro al día.
De estos casos, 661 (más de un tercio) fueron registrados en el departamento de Santa Cruz, que es la región con la mayor cantidad de embarazos infantiles, que por su naturaleza son considerados como forzados. Le siguen Beni con 326 casos, Cochabamba con 210, La Paz con 158, Chuquisaca con 70, Pando con 68, Potosí con 65, Tarija con 46 y Oruro con 32.
Del total, 531 niñas (32,4%) cumplieron con cuatro controles prenatales, es decir que continuaron con la gestación. En los casos restantes no hubo más controles y se desconoce si las niñas accedieron a una ILE o si acudieron a un centro clandestino.
Al igual que en el caso de las niñas que continuaron con los controles, no hay datos de cuántas de las pequeñas dieron a luz, cuántos nacidos vivos o muertos hubo o cuántas de ellas sobrevivieron al embarazo y parto. El sistema sólo reporta los casos de adolescentes de 15 a 19 años.
Los datos disponibles también revelan que otras 112 niñas entre 10 y 14 años llegaron a diferentes centros médicos con hemorragias. Todas presentaban un embarazo dentro de las primeras 22 semanas de gestación y terminaron en aborto.
Pero no es la única complicación en las pequeñas cuyos cuerpos no están preparados. 53 niñas presentaron una preeclampsia severa, dos una eclampsia y otras dos una sepsis puerperal, que es un proceso infeccioso grave que ocurre después de un parto, una cesárea o un aborto.
Igual de preocupante es que 21 niñas no sólo dieron positivo a un embarazo, sino que también fueron reactivas a VIH. Otras nueve dieron positivo a sífilis.
La excusa del quinto mes
En abril pasado, desde Sucre se denunció que la junta médica del Hospital Gíneco-Obstétrico de la región demoró su decisión sobre una ILE en una niña de 12 años, víctima de violación. Mientras se realizaban las reuniones la pequeña pasó las 22 semanas de gestación.
Desde el hospital se argumentó que había incongruencias en los exámenes médicos y que no sabían si la niña tenía 23 o 26 semanas. Un accionar que se repite en varios centros médicos.
De acuerdo al SNIS-VE el 34,8% de los embarazos infantiles son detectados después del quinto mes de gestación. El avance del embarazo es uno de los argumentos para negar la ILE. En varios es usado para retrasar el procedimiento hasta que ya no pueda realizarse.
Si bien la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 (que reconoce la legalidad del aborto en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer) no hace referencia a un límite de tiempo gestacional para practicar la ILE, el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud (Ptpss) establece, en su Artículo 4, que la OMS definió al aborto como la pérdida del producto desde el momento de la implantación hasta alcanzar los 500 gramos o las 22 semanas.
El informe Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho humano de las mujeres, publicado por la Defensoría del Pueblo en 2020, señala que esta definición ocasiona una interpretación errónea respecto a la edad gestacional para proceder a realizar la ILE. Advierte que esto afecta al derecho de las usuarias de acceder al proceso.
“Ante la falta de claridad sobre este particular, se hace necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional delimite esa edad gestacional para llevar adelante la ILE, a través de una ley de derechos sexuales y reproductivos que está pendiente”, advierte.
En julio de 2019, una niña de 12 años en estado de gestación, producto de una violación en una comunidad de Tiquipaya, dio a luz en lugar de tener un aborto. Pese a que sus padres pidieron interrumpir el embarazo en la semana 22, el médico tratante rechazó la solicitud.
Según consta en una denuncia realizada ante la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, el doctor reprogramó el procedimiento y trató de disuadir a la familia. La interrupción que debió realizarse en la semana 22 se convirtió en una labor de parto que duró más de 12 horas pasada la semana 24 de gestación.
“La Defensoría del Pueblo evidencia impedimentos para el acceso a la ILE tanto por parte de las instancias estatales, como de los proveedores de salud. (…) En la mayoría de los casos, el personal médico trata de influir para que continúen con el embarazo no deseado o les niegan la ILE, situaciones que provocan angustia, dolor, sufrimiento y revictimización” afirma el documento.
Lupe Pérez, de la Campaña 28 de Septiembre y el Pacto por la Despenalización del Aborto, afirmó que esto es común en el Hospital Percy Boland donde se atendió a la niña de Yapacaní.
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FUENTE: PÁGINA SIETE
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