La Defensoría del Pueblo cuestionó este lunes la decisión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz de levantar la detención preventiva y conceder detención domiciliaria para Sandro Z.C., acusado de violar a sus dos hijas A.Z.I. y P.Z.I., desde que ambas tenían siete y seis años de edad, respectivamente.
La institución defensorial también observó la ausencia de la fiscal de Materia, Pilar Díaz, en la audiencia de medidas cautelares este sábado, por lo que remitirá requerimientos de informes escritos al Ministerio Público por dicha ausencia, además de solicitar la remisión de antecedentes por su conducta «negligente».
Asimismo, solicitará al Consejo de la Magistratura que ejerza control y fiscalización al desempeño de los jueces y se determinen las sanciones que correspondan en este caso.
«De acuerdo con el Tribunal Primero de Sentencia Penal, se dio curso a la cesación a la detención preventiva del acusado porque quedó desvirtuada casi la totalidad de los riesgos procesales, sobre todo el ´peligro efectivo para la víctima´, debido a que las hijas ahora son mayores de 18 años y ya no se encontrarían en situación de vulnerabilidad», indicó un comunicado de la defensoría.
El proceso penal instaurado contra Sandro Z.C. se encuentra con auto de radicatoria, emitido por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer, desde el 1 de enero de 2021 y con remisión de pruebas de cargo por el Ministerio Público desde el 8 de marzo 2021; sin embargo, hasta la fecha no se instaló la audiencia de apertura de juicio oral por la reiterada suspensión de audiencias por parte de las autoridades jurisdiccionales.
“Ambas víctimas no fueron únicamente agredidas sexualmente por el padre, sino también por el abuelo paterno, Guido Z.C., quien se encuentra prófugo y declarado en rebeldía desde 2019. Por todas estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo observa la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y exige a las autoridades cumplir con la protección constitucional debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas”, manifestó la Delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta.
FUENTE: PÁGINA SIETE
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