Sin datos oficiales, los embarazos infantiles son parte de las cifras negras del país. Por la edad de las gestantes, siempre son producto de agresión sexual y psicológica.

Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018, en Bolivia, 9.552 niñas menores de 14 años de edad estuvieron embarazadas. Así lo evidencia el registro de controles prenatales del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud. El embarazo infantil es resultado de violencia sexual y psicológica.

“No hay un trabajo del Estado en esta problemática porque las políticas públicas no toman en cuenta ni identifican los embarazos infantiles. Son cifras negras que ocultan un problema de gran importancia”, señaló Patricia Brañez, coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -, de la que Bolivia es parte, determina que todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de violencia sexual. Establece que los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo infantil.

Las cifras “negras” nacionales

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentados en julio, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Derecho a la Planificación Familiar en Bolivia, dan cuenta de una disminución de embarazos adolescentes. No obstante, no consideran los casos de gestaciones en niñas.

Según esas cifras, en 2008 se registraban 88 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años; en 2018 bajaron a 71. Los casos en el área rural (109) prácticamente doblan a los del área urbana (58). No hay datos de gestaciones en menores de 14 años.

“Por un tema de normativa no se puede preguntar ni tomar información respecto a las niñas de menos de 14 años de edad”, explicó el director ejecutivo del INE, Santiago Farjat.

Como el Censo 2012, la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA 2016) y la Encuesta de Hogares restringen las estadísticas de hijos nacidos vivos a madres mayores a 15 años. Los datos que hay sobre niñas menores que dieron a luz corresponden a los servicios prestados por los centros de salud consignados en el SNIS.

Según el conteo de los registros clínicos, desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018, 9.552 niñas de 14 años o menos acudieron a distintos nosocomios para someterse a su primer control prenatal. De ellas, 6.496 fueron antes de su quinto mes de embarazo mientras que 3.026 lo hicieron después de esa etapa.

Los mismos registros señalan que sólo 3.632 de esas niñas gestantes asistieron a una cuarta cita de seguimiento prenatal. Los partos no están detallados por la edad de la madre por lo que no se sabe cuántos de esos embarazos infantiles llegaron a término o cuántos derivaron en aborto.

El último dato lo aportó el Informe sobre Mortalidad Infantil en Bolivia del Ministerio de Salud. El documento señala que el 2% de las 538 muertes maternas registradas en 2011 correspondían a mujeres menores de 14 años.

“Hay un vacío. Cuando tengamos estos datos vamos a poder hacer políticas públicas específicas y efectivas para prevenir, atender y sancionar estos casos”, dijo Brañez. Recalcó que urge bajar el rango estadístico de 15 a 19 años que se usa para los embarazos adolescentes y también recolectar información de niñas gestantes de 10 a 14 años.

No hay acceso al aborto legal

Según el estudio de UNFPA Embarazo adolescente en 14 municipios de Bolivia, publicado en 2016, el 27% de los embarazos en menores de 14 años concluyen en aborto. En la gran mayoría de estos casos no se presentan denuncias o acciones judiciales.

La vigente Sentencia Constitucional 206/2014 establece que la violación o incesto es una causal para la interrupción del embarazo. “Una gestación en una niña de ninguna manera puede ser deseada. Son embarazos infantiles forzados, producto de agresión sexual”, explicó Brañez.

Manifestó que a veces las mismas Defensorías, en lugar de facilitar la interrupción legal del embarazo, derivan a las pequeñas a hogares donde dan a luz. “Incluso las someten a terapias de la aceptación de la maternidad”.

Samaí: una niña, madre y esposa

Samaí H. tiene 13 años y hace unos meses se convirtió en mamá. Dejó la escuela y –como le pasó a su madre, a su abuela y a muchas mujeres de su comunidad– fue “entregada” al padre de su hijo, como su “esposa”.

Llegó al hospital de San Buenaventura desde Tumupasa donde casi perdió la vida al dar a luz a un prematuro. Su “pareja”, el padre de su pequeño, tiene 23. “Él es mayor… pero allá es normal”, justifica.

No es el primer caso en el hospital. “Hace poco llegó otra niña de 12 años, hicimos la denuncia a la Defensoría, pero sus padres decidieron entregarla al agresor -de 30 años- y formalizar la unión. No pudimos hacer nada más”, dice el galeno Santos Gutiérrez.

Señala que las primerizas llegan al hospital de pueblos alejados.

1.750 niñas eran esposas en 2012, no se sabe cuántas ya eran madres

El Censo Nacional de 2012 identificó 1.750 niñas de entre siete y 15 años de edad que eran esposas o concubinas; el dato de cuántas de ellas eran madres no fue incluido. Tanto la maternidad infantil forzada como los matrimonios precoces se consideran actos de violencia que vulneran los derechos de las niñas.

“El embarazo y la maternidad infantil es un acto de tortura que viola los derechos fundamentales de las niñas. Todos los días nos enteramos que una niña está embarazada producto de una violación, pero no hay datos oficiales que nos digan cuántas otras sufren esa situación, si se hicieron denuncias, si llegan al parto o terminan en abortos legales. Tampoco sabemos cuántas logran acceder a los anticonceptivos”, dijo Patricia Brañez, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

La base de datos del último Censo Poblacional señala que en 2012 un total de 1.750 niñas de entre siete y 15 años eran -en relación con el jefe de familia- esposas, concubinas o convivientes.

La cifra no incluye a las menores de edad que puedan tener una relación marital con otros miembros de la familia, que no sean el jefe. El dato de cuántas de ellas eran madres o cuantos hijos tenían no es de acceso público.

Siete y nueve años son las edades de las dos menores que vivían en una relación marital con un jefe de familia, según el Censo; ambos registros corresponden al departamento de Santa Cruz. Otro concubinato de una menor de 10 años se anotó en La Paz.

La cifra de niñas “casadas” se multiplicaba en las pequeñas de 12 años con 144 casos en todo el país, mientras que las esposas de 13 años llegaban a 186.

El Censo también identificó 9.995 niñas de 12 a 15 años que eran jefas de hogar. Ello implica que muchas ya eran madres.

Los registros de 2018 del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) reportan 2.177 menores de 15 años que son usuarias -nuevas y continuas- de distintos métodos de planificación familiar. Entre los más usados están los inyectables trimestrales y el implante subdérmico.

Según el SNIS, 796 pequeñas tuvieron que someterse a las pruebas de Papanicolaou. Llama la atención que cinco menores de edad fueron sometidas a anticoncepción quirúrgica.

Otras 62 accedieron a la píldora de emergencia, método que forma parte del protocolo en caso de violación; 29 de éstos fueron administrados en Chuquisaca.

Obligadas a tener el hijo de su agresor

El 3 de enero de 2017, llegó al Hospital del Norte de El Alto en una ambulancia en la que partió de Palos Blancos. Su embarazo era de alto riesgo, el parto presentó complicaciones, ella “quería morir”.

“Él me amenazó y ellos, mis papás, han tranzado. Me da asco… yo no quería ser madre”, dijo Abigail.

Apenas tenía 14 años y ocho meses, había sido violada y el delito fue cubierto por el agresor con una asistencia familiar de 1.500 bolivianos. Nadie gestionó la interrupción de su embarazo y Abigail fue obligada a ser madre.

Hasta que dio a luz, en la Defensoría de la Niñez de Rurrenabaque no había una denuncia, sino un documento de transacción en el que el agresor admitía su culpabilidad y prometía dinero a cambio de silencio. Dejaba la custodia del bebé a Abigail y ponía una cláusula de “visitas a la menor”. El padre de Abigail firmaba en lugar de la niña.

Mariel Gonzales, actual responsable de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA) de Rurrenabaque, retomó el caso y logró sentar la denuncia. Señala que hasta la fecha no hay justicia, en la audiencia cautelar no se aceptó la solicitud de la Defensoría de la detención preventiva.

En 2015, la representación del Defensor del Pueblo en Tarija denunció un matrimonio forzado de una menor de 13 años con su violador. El enlace ilegal había permitido al imputado salir de la cárcel. Han pasado tres años y no hay resultados en el caso.

“Seguimos a la espera de alguna determinación de la justicia sobre aquel caso viciado de ilegalidad”, explicó la actual representante del Defensor del Pueblo en Tarija, Carola Romero. La denuncia fue presentada por la anterior gestión, encabezada por Gladys Sandoval Salgado.

De acuerdo a la investigación policial, en agosto de 2015 se realizó en el penal de Morros Blancos el matrimonio entre el acusado de violación y la muchacha menor de edad, su supuesta víctima.

“Han hecho aparecer un certificado de matrimonio de un oficial de Registro Civil. Hicieron el documento a raíz de la investigación. Dijeron que el matrimonio fue efectuado dentro del penal, pero resulta que según los cuadernos de ingreso en las fechas en las que se legaliza la unión ni el oficial de Registro Civil ni la menor entraron al penal a realizar el matrimonio”, aseguró la entonces representante de la Defensoría.

Fuente: Página Siete