El organismo internacional concluyó que “hay fuertes elementos de convicción” para considerar que muchos detenidos por este caso fueron torturados.
AFP / Ginebra

La ONU reafirmó ayer la solidez de un informe que emitió sobre casos de tortura en México contra los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, luego que el Gobierno de ese país lo rechazó argumentando que “carece de rigor metodológico”.

“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas” del Gobierno mexicano, indicó en un comunicado.

El 15 de marzo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México presentó un informe que concluyó que “hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente”.

El informe señaló a elementos de la fiscalía, policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones que “fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”.

México rechazó el lunes el informe de la ONU argumentando que sus aseveraciones “resultaron prematuras y podrían afectar el resultado” de las investigaciones.

Según México, de los supuestos 34 casos, “26 no arrojaron evidencia de tortura, dos arrojaron resultados de evidencia de tortura física pero no psicológica, cuatro personas no aceptaron la realización del Protocolo”, mientras que uno más de los casos está “pendiente de emisión” y la otra persona no autorizó que se revelaran sus datos personales.

La ONU reiteró ayer su llamado a las autoridades mexicanas a que implementen las recomendaciones del informe y recalcó que “seguirá de cerca” los resultados de las investigaciones sobre estas violaciones de derechos, pues “hasta la fecha nadie ha sido señalado como responsable”.

Según la hipótesis oficial del caso Ayotzinapa, los policías entregaron a los estudiantes al cártel criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado esa versión.

Reclamo al Gobierno mexicano

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 reclamaron al Gobierno que “haga su trabajo”, durante el período de sesiones de la CIDH en República Dominicana.

“¿Qué esperan para enderezar el camino?”, reclamó Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, durante la audiencia en la que demandó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que “haga el trabajo como debe de ser”.

“Lo que vamos encontrando es que el gobierno federal está involucrado en los hechos”, denunció en un vehemente discurso durante el acto en la capital Santo Domingo.

Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los desaparecidos, exigió que el caso sea tratado en México. “Ya no queremos que sea en otro país”, subrayó.

“Queremos ver a nuestros hijos nuevamente. Ya basta de tantas mentiras”, clamó. Por su parte, el Gobierno de México difundió un comunicado en el que expresó “su compromiso con la atención al caso”.

“El Gobierno de México reitera su determinación de agotar los esfuerzos (…) a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia”, reseñó el escrito.
Luis Ernesto Vargas, comisionado de CIDH, se solidarizó con los parientes de los jóvenes. “Han transcurrido 43 meses y entendemos el dolor (…) Entendemos que están cansados”.
La investigación
• La noche fría La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el convulso estado de Guerrero (sur), fueron detenidos por policías de la ciudad de Iguala ligados a criminales y entregados a miembros de Guerreros Unidos, un caso que desató una condena internacional.
• Incinerados Según la fiscalía federal, los 43 chicos habrían sido asesinados, sus cuerpos incinerados y las cenizas arrojadas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto en duda esa versión.
• Sed de justicia Protestas en México y en el exterior reclaman justicia para los 43.

Fuente: Página Siete