La docente María Guadalupe A., de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, que fue denunciada por racismo y discriminación, fue reubicada en una oficina jurídica de esa institución, que recibe denuncias de universitarios. El proceso administrativo “puede quedar en nada”, denunció ayer el abogado Romeld Arnez.
“No sabemos qué pasó y es un poco irónico, porque es una persona que está siendo investigada y ahora está a cargo de una oficina que acepta denuncias y resuelve casos jurídicos”, complementó Arnez a Página Siete desde Tarija. El jurista es el abogado de la estudiante Nilza Mamani, de la carrera de Derecho, que en julio denunció a la docente por racismo y discriminación.
La catedrática, conocida por usar un lenguaje soez, discriminatorio y racista contra sus estudiantes, fue notificada en agosto por el fiscal departamental, Wilson Tito, pero a la vez se le abrió un proceso interno en la universidad, donde además fue suspendida para dar clases.
Proceso interno
No obstante, aquel proceso interno no avanza. “Es probable que quede en nada, porque la docente ha interpuesto un incidente de nulidad para que la acción administrativa quede en nada”, precisó el jurista.
De acuerdo con Arnez, existe un “cierto grado de favoritismo que es muy evidente”, hacia la docente por parte de quienes debían llevar adelante el proceso dentro de la universidad.
Al referirse al caso penal abierto por el Ministerio Público, el abogado informó que se solicitó una pericia psicológica para la docente, puesto que, según él, será una prueba importante para la investigación penal.
“Así se va a poder determinar si existió la difusión de racismo y discriminación, si hubo incitación al racismo y discriminación, y si el contenido de esas aseveraciones es discriminatorio, racista y de odio”, aseveró .
Estos delitos penales se sancionan con la privación de libertad de ocho años, pero la sanción puede ser agravada “en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública”, indica el artículo 281 del Código Penal.
Mientras se esperan esos actuados, la universitaria Mamani continúa con sus clases en la Misael Saracho, donde las autoridades de la Fiscalía le dieron garantías constitucionales para que prosiga con sus estudios.
Desde la denuncia hecha pública a nivel nacional, la docente no desea hablar con los medios de comunicación.
FUENTE: PÁGINA SIETE